En una decisión que profundiza la crisis sanitaria, el Gobierno nacional comunicó oficialmente que discontinuará el envío de dosis clave del calendario obligatorio, dejando a miles de ciudadanos sin protección ante enfermedades graves. La denuncia, que cobró fuerza a través de las autoridades de Salud de Córdoba, advierte sobre la falta de vacunas esenciales como la Triple Viral, la BCG, la vacuna contra el HPV y dosis pediátricas contra el Covid, las cuales son fundamentales para prevenir desde cáncer hasta infecciones respiratorias severas. Esta medida no solo rompe con la ley de vacunas vigente, sino que traslada una presión insostenible a las provincias y municipios, que ahora deben enfrentar la escasez de recursos y la incertidumbre de las familias ante un sistema de salud que se desmorona por el ajuste estatal. El impacto es gravísimo, ya que se trata de dosis que garantizan la inmunidad colectiva y el derecho básico a la salud de los más pequeños, exponiéndolos nuevamente a brotes de enfermedades que se consideraban controladas en todo el territorio nacional. Ante el silencio de las autoridades nacionales, crece la preocupación por las consecuencias epidemiológicas de dejar de invertir en prevención, una política que prioriza el ahorro fiscal por encima de la vida y el bienestar de la población.
