Una profunda preocupación y malestar social crece entre los habitantes de la provincia ante la inminente eliminación de la Ley de Zona Fría por parte del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Esta normativa, que históricamente subsidia el consumo de gas en las regiones con bajas temperaturas del país, representa un alivio fundamental para las economías hogareñas durante las épocas más crudas del año. De concretarse su quita definitiva, el impacto directo en el bolsillo de los puntanos será devastador, estimándose un incremento de hasta un 50% en el valor de las boletas residenciales justo en pleno inicio de la temporada invernal, cuando las gélidas temperaturas obligan a un uso intensivo de la calefacción. Frente a este alarmante escenario que amenaza la estabilidad económica de miles de familias, la postura del gobernador Claudio Poggi ha despertado fuertes críticas debido a su absoluto silencio institucional.
Diversos sectores de la comunidad y del arco político local señalan con indignación que, mientras los propios funcionarios provinciales de segundas líneas salen públicamente a advertir sobre el desastre tarifario que se avecina, el mandatario provincial evita emitir cualquier tipo de declaración o reclamo formal contra la administración central. La inacción gubernamental es interpretada por la oposición y los usuarios como una priorización de los alineamientos políticos nacionales por encima de la defensa de los intereses locales, recordando el fuerte apoyo explícito que el gobernador brindó a las medidas de ajuste promovidas desde Buenos Aires. De este modo, la comunidad puntana se prepara para afrontar un invierno sumamente complejo, sintiendo el rigor del clima no solo en el cuerpo sino también en sus ingresos, en medio de un panorama de desprotección tarifaria y una marcada falta de respuestas por parte de la máxima autoridad de la provincia.