La desidia estatal y el feroz recorte presupuestario del Gobierno nacional están mostrando su cara más trágica con la muerte de 14 bebés por tos convulsa, una enfermedad que es totalmente prevenible con vacunas.
Mientras el Ministerio de Salud, bajo la gestión de Mario Lugones, formaliza un recorte de más de 63 mil millones de pesos en Salud Pública, los brotes de enfermedades que se creían controladas como la hepatitis A, el sarampión y el coqueluche vuelven a castigar a la población debido a la falta de dosis en tiempo y forma. El nuevo pase de «motosierra» implica 500 millones de pesos menos para el programa de inmunizaciones, lo que se traduce directamente en coberturas de vacunación que hoy son alarmantes: menos del 25% en bebés y apenas un 20% en niños de edad escolar durante lo que va de 2026.
Esta caída estrepitosa no es casualidad, sino el resultado de una política que ha dejado de comprar vacunas esenciales y ha abandonado las campañas estacionales, dejando a las provincias sin herramientas para proteger a sus ciudadanos.
Especialistas advierten que se están generando poblaciones susceptibles por la falta de un calendario completo, una situación que retrotrae al país a niveles sanitarios críticos que no se veían en décadas.
Detrás de las frías cifras de reestructuración presupuestaria hay familias destrozadas por la pérdida de lactantes que no llegaron a recibir su protección básica porque el Estado decidió que la salud es una variable de ajuste. La ausencia de vacunas para embarazadas y menores no es solo una falla administrativa, es una decisión política que pone en riesgo la vida de los más pequeños, convirtiendo al sistema sanitario nacional en un territorio de abandono y vulnerabilidad extrema.