La salud pública ha tocado fondo y la comunidad se enfrenta a una realidad donde el servicio de diagnóstico por imágenes en el Hospital Ramón Carrillo parece priorizar la facturación sobre la atención al paciente. Quienes cuentan con obra social obtienen turnos rápidos, mientras que los pacientes sin cobertura médica son relegados a esperas de hasta dos meses para realizarse tomografías o resonancias, transformando la atención en un simple número dentro de una estructura enfocada en los ingresos económicos. El impacto financiero para los trabajadores estatales es grave, ya que DOSEP ha comenzado a cobrar coseguros de alto valor por estudios de complejidad, afectando profundamente el poder adquisitivo de los empleados públicos, incluso cuando el Estado abona sumas importantes al mismo hospital por cada prestación realizada. La situación es crítica en el área de Radiología convencional, la cual se encuentra desmantelada, sin secretaría y sin sistema de archivo de imágenes tras el cambio de gestión provincial, debido a que no genera el mismo margen de ganancia que otros servicios. Este abandono, sumado a la rotura de equipos en centros como el Suárez Rocha, ha provocado que toda la demanda se concentre en el Ramón Carrillo, obligando a los pacientes a retirarse con una fotografía de la pantalla tomada desde sus teléfonos móviles para poder obtener un diagnóstico médico. Este panorama de desidia y presunto negocio se mantiene oculto debido a un clima de persecución y hostigamiento dentro del ámbito estatal, donde los profesionales de la salud evitan denunciar la situación por temor a suspensiones o represalias laborales que ponen en riesgo su fuente de ingresos.
RADIOGRAFÍAS EN PELIGRO: EL DESMANTELAMIENTO DEL RAMÓN CARRILLO Y LA ANGUSTIANTE ODISEA QUE SUFREN LOS PACIENTES PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICO
