La causa conocida como «El Caburé» atraviesa un momento crítico y de máxima gravedad institucional. El abogado querellante Pascual Celdrán lanzó una advertencia contundente: la Fiscalía de Estado estaría maniobrando para apartar a los representantes de las víctimas del proceso judicial. Según sostiene el letrado, la intención detrás de este movimiento sería clara, quitar presión judicial y proteger a funcionarios de alto rango que se encuentran bajo la mira, entre ellos Federico Trombotto y Víctor Endeiza.
El avance de la investigación ha dejado al descubierto irregularidades que comprometen seriamente al gobierno provincial. Al contestar una demanda civil ante el Juzgado N°5 de San Luis, el propio Estado reconoció que tomó posesión del campo en abril de 2024, en un momento en que la cosecha ya estaba en marcha. Más grave aún es el hallazgo sobre la figura de Darío Oviedo: el decreto N°12, mediante el cual se lo habría nombrado administrador del predio, resultó ser inexistente. Para Celdrán, esto no es un error administrativo, sino un delito que encuadra en falsificación y uso de instrumento público falso.
La trama se complica con una acusación de falsedad ideológica relacionada con un convenio de colaboración entre Trombotto y Bazla. De acuerdo con el abogado, dicho documento fue redactado en agosto pero antedatado en abril, una maniobra destinada a simular que la Secretaría de Ética contaba con respaldo legal al momento de intervenir el campo y realizar la cosecha de maíz. Aunque el Tribunal de Impugnaciones había retirado cargos contra el exsecretario de Ética, Celdrán insiste en que estos delitos están plenamente acreditados y que la responsabilidad debe escalar necesariamente hacia los funcionarios de mayor jerarquía involucrados en esta cadena de decisiones.
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