El conflicto estalló en las viviendas construidas por la empresa Unión, donde los obreros iniciaron una medida de fuerza ante condiciones que califican como extremas. Los trabajadores aseguran percibir sueldos que no alcanzan los $700.000, cumpliendo jornadas de hasta 11 horas diarias con valores salariales que corresponden al año pasado.
La situación se agravó tras la respuesta de la patronal, que incluyó la presencia del grupo COAR y amenazas de despidos masivos. Los delegados gremiales expresaron sentirse abandonados por la UOCRA y manifestaron que se los trata como delincuentes simplemente por defender el sustento de sus familias. La incertidumbre crece mientras los trabajadores mantienen su postura firme a la espera de una solución justa.