Una reforma constitucional exige bastante más que apuro político, y sin embargo la Cámara de Diputados de San Luis acaba de aprobar a troche y moche la ley que declara la necesidad de modificar la Carta Magna provincial. Con un debate exprés que pasó por alto las demandas legítimas de escucha de distintos sectores de la sociedad, el oficialismo impuso su mayoría para cerrar un trámite administrativo a las apuradas en lugar de construir un verdadero pacto institucional que trascienda a los mandatos de turno. Modificar las reglas fundamentales de convivencia de los puntanos entre cuatro paredes y a contramano del consenso plural deja al desnudo una urgencia por archivar expedientes que olvida una máxima elemental: las leyes que rigen el futuro de la provincia no necesitan velocidad de vértigo, sino cimientos sólidos respaldados por el conjunto de la ciudadanía.
