Lo que se presentó como una medida de prudencia económica por parte de la gestión de Claudio Poggi ha terminado por revelarse como un perjuicio directo para el patrimonio y el deporte de San Luis. En 2023, se paralizó un ambicioso proyecto integral que, por un valor de $4.300 millones, contemplaba una infraestructura de primer nivel mundial: canchas de fútbol, básquet, hockey, rugby, pádel, velódromo, piletas, un trinquete de pelota vasca y residencias para atletas. Hoy, la realidad muestra un contraste alarmante, ya que el Gobierno ha lanzado una nueva licitación de $3.400 millones que apenas alcanzará para finalizar el polideportivo, dejando en el olvido al resto de las instalaciones.
La contradicción técnica es evidente cuando se observa que gran parte de las chapas y estructuras metálicas necesarias para el techado ya se encuentran en el predio, habiendo sido adquiridas durante la gestión anterior como parte del plan original. Esto plantea una interrogante inevitable sobre el destino real de los fondos de esta nueva licitación, que pretende cobrar casi el mismo valor que la obra completa por terminar solo una fracción de la misma. Mientras tanto, el abandono de las obras no solo deteriora los materiales ya comprados, sino que ha provocado la pérdida de la sede del Mundial de Pelota Vasca 2026, que ahora se realizará en Venado Tuerto.
Este freno estratégico ha resultado en menos desarrollo, menos oportunidades para los jóvenes y un golpe irreparable para el alto rendimiento deportivo en la provincia. San Luis ha pasado de soñar con ser el epicentro del deporte internacional a licitar «pedazos» de obra a precios exorbitantes, mientras los años de entrenamiento de los deportistas locales se pierden en un predio paralizado. La pregunta que queda en el aire es quién asumirá la responsabilidad por el Mundial perdido y por un presupuesto que parece rendir cada vez menos en nombre de una austeridad que, a la luz de los números, resulta inexistente.