En un hecho que sacude las instituciones de San Luis, el abogado Celdrán expuso públicamente la falta de independencia del sistema judicial local al denunciar que existe una aplicación desigual de la ley según la cercanía política de los acusados. El letrado resaltó una grave contradicción: mientras ciudadanos comunes son detenidos de forma inmediata por estafas, diversos funcionarios señalados por el robo de 2.000 toneladas de maíz y la falsificación de documentos públicos permanecen en libertad sin pedidos de prisión preventiva. Según su testimonio, el poder político ejercería una presión directa sobre fiscales y jueces para garantizar la impunidad de aquellos vinculados al oficialismo. Al anunciar su renuncia a la causa tras un año y medio de trabajo, Celdrán sentenció que para delinquir con éxito parece ser requisito pertenecer al Gobierno de San Luis, manifestando sentir vergüenza por un manejo institucional donde la verdad es sistemáticamente pisoteada para proteger intereses partidarios.
