El sector turístico de San Luis enfrenta una crisis histórica con apenas un 30% de ocupación hotelera —lo que significa que de cada diez camas disponibles, siete quedan vacías—, una situación que golpea con dureza a hoteleros, cabañeros, gastronómicos y comerciantes y pone en riesgo a cientos de familias que dependen directamente de la actividad.
Frente a este escenario, el Frente Justicialista impulsó un proyecto de ley para declarar la emergencia turística y brindar respuestas urgentes al sector. La iniciativa busca otorgar alivio fiscal ante la imposibilidad de pagar impuestos acumulados como ingresos brutos, inmobiliario y automotor, advirtiendo que de no mediar asistencia estatal se acelerarán los despidos y cierres definitivos de establecimientos, pero los diputados del poggismo rechazaron el tratamiento sobre tablas y evitaron por completo el debate, evidenciando una total falta de interés en discutir los problemas del sector.
