En una reciente entrevista de corte oficialista, el gobernador Poggi ha generado controversia al defender públicamente a los funcionarios Bazla, Trombotto y Endeiza, quienes se encuentran implicados en el escandaloso desvío de la cosecha de El Caburé. Lejos de condenar los hechos, el mandatario intentó justificar la maniobra, calificando la desaparición de un volumen millonario de granos como un mero «error administrativo». Esta postura oficialista deja en evidencia un intento estatal por minimizar el impacto del desvío de recursos públicos y proteger a figuras clave de la administración. Sin embargo, los datos y evidencias recopilados apuntan a algo mucho más serio que una equivocación de escritorio: sugieren la existencia de una red de encubrimiento que operaría en las más altas esferas del poder para diluir responsabilidades y evitar el costo político. Las declaraciones del gobernador no hacen más que profundizar la desconfianza pública, al mostrar una alarmante falta de rigor frente a la pérdida de patrimonio estatal y un blindaje político hacia funcionarios que deberían estar rindiendo cuentas. Mientras las investigaciones independientes avanzan, el relato oficial busca cerrar filas y clausurar el debate bajo la excusa de fallas de procedimiento, una táctica que, en lugar de aclarar, ensombrece aún más el panorama en torno a El Caburé.
