La sucesión en la intendencia de Potrero de los Funes se ha transformado en un conflicto institucional de gran escala, tras conocerse la postura del oficialismo local respecto a quién debe completar el mandato hasta 2029. Lejos de proponer una convocatoria a las urnas, el sector oficialista ha manifestado que la definición sobre la intendencia no debe recaer en los vecinos, sino que debe ser resuelta por el gobernador Claudio Poggi, la estructura del gobierno provincial o a través de una interna partidaria.
Durante una sesión en el Concejo Deliberante, la concejal Micaela Díaz defendió la continuidad de Cristina Vallejo, argumentando que al ser el mandato original del fallecido Ignacio Olagaray hasta 2029, «es Provincia quien decide si queda Vallejo o no». Esta declaración no solo fue vista como una cuestión administrativa, sino como el reconocimiento de un intento por reemplazar la voluntad ciudadana por decisiones políticas centralizadas.
La oposición ha rechazado categóricamente este planteo, recordando que la Constitución provincial, en su artículo 153, exige explícitamente convocar a elecciones para completar el mandato cuando se produce una vacancia definitiva con más de dos años por delante. Como prueba de que una transición interina no debe reemplazar el voto popular, los bloques opositores citaron el antecedente de Tilisarao, advirtiendo que el oficialismo pretende ignorar la soberanía popular precisamente en la instancia democrática que más le incomoda.
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