El Ente de Control de Rutas del gobierno de San Luis se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras la denuncia pública de Juan Pablo Abdala, quien expuso una maniobra que roza la estafa administrativa. El caso salió a la luz cuando el usuario intentó recuperar el dinero que tenía cargado en su tarjeta de peaje tras sufrir la rotura del plástico, encontrándose con la indignante respuesta de que el saldo ya pagado por adelantado no sería reconocido por el organismo oficial. Esta situación deja al descubierto un vacío legal y sistémico donde el Estado se queda con fondos privados de manera arbitraria, obligando al ciudadano no solo a pagar por un nuevo plástico, sino a perder definitivamente sus ahorros previos bajo el pretexto de una falla técnica.
La indignación en redes sociales crece ante lo que se percibe como un robo encubierto, ya que el ente que administra los peajes retiene un dinero que ya fue facturado pero que se niega a transferir a la nueva unidad. Este mecanismo de «dinero atrapado» que nadie puede volver a usar más que el propio Estado genera un beneficio económico millonario a costa de la deficiencia del propio sistema de control. Para los usuarios, no se trata de un simple error operativo, sino de una política recaudatoria voraz que utiliza la burocracia para apropiarse de los recursos de la gente, transformando un trámite cotidiano en una verdadera trampa financiera para los conductores puntanos.