El transporte en el Gran San Luis vive una situación crítica que expone la intención del Gobierno provincial de abandonar su rol en un servicio esencial. Mientras miles de usuarios debieron pagar fortunas para viajar debido a un paro, el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, admitió que la Provincia no puede seguir inyectando fondos y anunció nuevos recortes de frecuencias para «eficientizar» el gasto. Esta medida golpea directamente a localidades como La Punta y Juana Koslay, donde el deterioro del servicio ya obliga a los trabajadores a recurrir a transportes alternativos costosos o caminatas para no perder el presentismo.
La estrategia oficial de despegarse del conflicto deja a la comunidad en una vulnerabilidad total, reconociendo que el sistema es inviable sin subsidios pero, al mismo tiempo, anticipando su retiro. El ajuste no se traduce solo en números, sino en la pérdida de derechos para quienes dependen del colectivo para cumplir con sus obligaciones diarias. Con frecuencias reducidas y un boleto que amenaza con valores prohibitivos, San Luis enfrenta un escenario donde el Estado decide correrse, trasladando el peso de la crisis económica íntegramente a los ciudadanos que ya no cuentan con garantías para movilizarse.