Finalmente, la Justicia le puso un freno a la impunidad y confirmó lo que era un secreto a voces en San Luis. El Tribunal de Impugnaciones ratificó el procesamiento de Ricardo Bazla por la «desaparición» millonaria de la cosecha de maíz del Estado. El hombre que llegó con la pomposa chapa de «Secretario de Ética Pública» ahora deberá explicar ante un juez cómo se esfumaron toneladas de recursos públicos bajo su supuesta custodia, en una trama que huele a todo menos a transparencia.
La resolución judicial es un golpe letal para la defensa de Bazla, que intentó embarrar la cancha alegando «confusiones» de roles e irregularidades inexistentes. Para los jueces, no hay lugar para excusas: Bazla, con su formación de abogado, sabía perfectamente lo que hacía. Se lo investiga como coautor de los delitos de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y peculado, un combo legal que lo deja muy lejos de la imagen de pureza que intentaron vender. Parece que el experto en leyes y ética no pudo explicar lo más básico: ¿dónde quedó el maíz de los sanluiseños?
Pero ojo, porque este «maíz-gate» es apenas la punta del iceberg de una red de poder mucho más profunda. La causa deja al descubierto una verdadera ingeniería operativa para el desvío de recursos que salpica a lo más alto del poder actual. En la mira aparecen nombres de peso pesado: Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, señalado como el presunto cerebro intelectual del plan, y los ministros Federico Trombotto y Gonzalo Amondaraín, quienes habrían garantizado la logística y cobertura desde sus carteras para que la producción millonaria se retirara sin dejar rastros inmediatos. El guardián de la ética resultó ser, al final, el principal protagonista de una trama delictiva que involucra a todo el círculo rojo provincial.