La indignación vecinal se hace sentir con fuerza ante la viralización de imágenes que muestran el estado de desidia en las casas del plan Progreso y Sueños. El reclamo de la comunidad pone el foco en una falla de gestión crítica: la falta de control sobre las propiedades entregadas. Mientras miles de familias permanecen en lista de espera por una oportunidad habitacional, estas estructuras se encuentran a merced del vandalismo. Los testimonios coinciden en que el desmantelamiento ocurre a plena luz del día, donde aberturas y sanitarios son retirados sin que exista ninguna presencia oficial que resguarde el patrimonio que debería ser un hogar.
Esta falta de fiscalización ha convertido al sector en un foco de inseguridad permanente. Los vecinos denuncian que las viviendas vacías funcionan como aguantaderos y zonas de consumo, afectando la tranquilidad de todo el barrio Unión. Resulta inexplicable que, frente a la enorme necesidad habitacional que atraviesa la región, el Estado no tome cartas en el asunto para verificar la ocupación real de estas casas y evitar que se sigan arruinando entre las malezas. La exigencia es clara: se necesita una gestión eficiente que garantice que los recursos sociales lleguen a quienes realmente los necesitan y no terminen siendo botín de la delincuencia por el simple abandono estatal.