La justicia investiga una red de corrupción que salpica a la cúpula del poder provincial tras la desaparición de casi 2.000 hectáreas de maíz. Lo que la querella define como una maniobra piramidal involucra órdenes directas desde oficinas gubernamentales para cosechar y retirar camiones repletos de cereal sin ningún tipo de registro oficial ni control estatal. Con un perjuicio económico estimado en 2 millones de dólares, el caso apunta a exfuncionarios de Ética Pública y la Fiscalía de Estado como los presuntos responsables de diseñar un plan para vaciar el establecimiento sin expedientes legales.
El esquema descripto en la denuncia no fue una desprolijidad administrativa, sino una operación de «guante blanco» donde se habrían utilizado cosechadores particulares para sacar la producción del campo a plena luz del día. Según las pruebas presentadas, la cadena de mando permitió que la mercadería se comercializara de forma irregular, mientras se intentaba blanquear el operativo con documentación confeccionada a posteriori para ocultar el rastro del dinero. La gravedad del hecho escala a nivel federal, ya que se investiga el uso de documentos adulterados y el posible peculado de bienes que pertenecían al patrimonio de todos los puntanos.
Hoy la mirada está puesta en el Ministerio Público Fiscal y en la cúpula del gobierno, mientras crece la presión social para que la investigación no se detenga en los ejecutores materiales. El escándalo de El Caburé se ha transformado en el símbolo de un sistema de privilegios donde el maíz desapareció, pero las sospechas de enriquecimiento ilícito quedaron grabadas en los expedientes. El interrogante que recorre la provincia es simple: ¿quiénes se quedaron con los 2 millones de dólares que salieron del campo pero nunca llegaron a las arcas del Estado?