Una vecina de nuestra ciudad vive una situación desesperante por daños estructurales en su casa causados por una filtración de un supermercado vecino. Pese a años de expedientes y promesas incumplidas, la respuesta oficial es nula y el riesgo de derrumbe es inminente.
La indignación crece porque los inspectores afirman que la humedad «está seca» cuando el agua brota al tacto, mientras el municipio exige que la propia damnificada pague un peritaje privado. Sin ordenanzas para multar al comercio responsable y con una vereda destrozada tras una reparación oficial, la desidia estatal deja a una familia desamparada y en peligro.