La asignación de una unidad habitacional al concejal Diego Augusto Videla ha desatado una ola de críticas. Mientras miles de familias esperan hace más de una década, la falta de transparencia en los padrones pone bajo la lupa la gestión de Claudio Poggi.
La política habitacional de la provincia se encuentra en el ojo de la tormenta. Lo que debería ser un proceso basado en la vulnerabilidad y la urgencia socioeconómica se ha transformado en un foco de sospechas tras conocerse que el concejal Diego Augusto Videla figura como beneficiario de los planes de vivienda social.
La controversia no radica únicamente en el nombre del funcionario, sino en la aparente discrecionalidad del sistema. En una provincia donde el déficit habitacional golpea con fuerza a familias con hijos que llevan años inscriptas, la adjudicación a un representante público plantea interrogantes sobre los criterios técnicos utilizados.
La ciudadanía y diversos sectores sociales exigen claridad sobre puntos clave que hoy permanecen en las sombras:
- Orden de prelación: ¿Existe un listado público que determine quién tiene prioridad?
- Criterios de evaluación: ¿Cómo se justifica la entrega a un funcionario frente a casos de extrema necesidad?
- Transparencia: ¿Por qué los padrones completos no son de acceso público para garantizar el control social?
«La vivienda social se asigna con prioridad, no con discrecionalidad», sostienen los críticos, enfatizando que la falta de reglas claras por parte del Gobierno provincial alimenta una creciente sensación de injusticia.
Mientras el gobierno de Claudio Poggi no publique datos auditables y criterios verificables, la discusión dejará de ser administrativa para convertirse en un costo político. Para el vecino que espera desde hace 10 o 15 años, la entrega de una llave a un par del poder no es un trámite más, es una señal de alerta sobre el funcionamiento de las instituciones en San Luis.