Lo que comenzó como un reclamo por salarios y salud mental derivó hoy en un conflicto institucional sin precedentes para la gestión de Maximiliano Pullaro. Mientras los efectivos denuncian sueldos por debajo de la línea de pobreza, el Gobierno respondió pasando a disponibilidad a los agentes que encabezaron la protesta.
La situación en Santa Fe ha pasado de la protesta al choque directo. Durante la madrugada de hoy, decenas de patrulleros y motos de la Brigada Motorizada se apostaron frente a la Jefatura en Rosario y la Casa de Gobierno en la capital provincial. Con «sirenazos» y quema de cubiertas, el personal policial activo, junto a retirados y familiares, hizo oír un pliego de reclamos que el gobierno provincial intentó desactivar con bonos de emergencia, pero que la fuerza considera insuficientes.
El malestar en Santa Fe no es solo económico, sino que se ha vuelto profundamente humano tras el reciente suicidio de un agente de 32 años en Rosario, hecho que funcionó como detonante para visibilizar las precarias condiciones laborales:
- Recomposición Salarial Real: Denuncian que el sueldo básico de un suboficial ronda los $220.000, obligándolos a vivir de adicionales y horas extra, lo que destruye el descanso y la salud mental. Un ingresante hoy percibe entre $800.000 y $900.000, cifra que consideran insuficiente para cubrir la canasta básica total.
- Salud Mental Urgente: Exigen protocolos de contención real. Los manifestantes denuncian que muchos agentes son obligados a trabajar aun teniendo licencias psicológicas o cuadros de estrés agudo.
- El drama del desarraigo: Muchos efectivos deben «hacer dedo» en las rutas para llegar a sus puestos de trabajo en Rosario o Santa Fe porque el costo del transporte consume gran parte de su salario, pasando semanas lejos de sus familias en alojamientos precarios.
La respuesta oficial: Sanciones y Bonos
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó hoy el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos que participaron de las protestas, acusándolos de «abandonar el servicio» e instigar acciones antijurídicas.
Para intentar contener la revuelta, el Gobierno anunció un plan de emergencia que incluye:
- Un plus mensual de $500.000 para personal operativo de calle en grandes ciudades.
- Un adicional de $250.000 para choferes de patrulleros.
- Aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) a $160.000.
Sin embargo, desde los sectores autoconvocados rechazan estas medidas por ser «sumas en negro» que no impactan en el básico ni benefician a los jubilados de la fuerza. La tensión persiste y la justicia ya investiga posibles delitos de sedición, mientras los efectivos aseguran que no se moverán hasta ser recibidos por las autoridades máximas.