Mientras la inflación no da tregua y el costo de vida se dispara, en la provincia de San Luis se consolida un modelo donde el equilibrio fiscal se construye sobre el sacrificio de los trabajadores. El gobernador Claudio Poggi ha instalado un relato de austeridad necesaria, pero detrás de las palabras se esconde un ajuste puro y duro que tiene como principal blanco el poder adquisitivo de los empleados públicos. En San Luis no hay una «motosierra» ruidosa; lo que impera es un ajuste silencioso que pisa salarios y empobrece diariamente a miles de familias puntanas.
La realidad en las calles y en los hogares es de una bronca creciente. Los aumentos salariales, cuando llegan, lo hacen tarde y resultan insuficientes frente a una góndola que no espera. Esta política de «sueldos por el piso» ha generado que el sector público, históricamente el motor de consumo en la provincia, se encuentre hoy en una situación de vulnerabilidad inédita. Poggi no parece estar ajustando los números de la política o los gastos superfluos del Estado con la misma fuerza con la que ajusta los haberes de quienes sostienen la salud, la educación y la seguridad de la provincia.
El malestar social es palpable: el hambre y la incertidumbre le ganan terreno a la esperanza de cambio que se vendió en campaña. Al día de hoy, el ajuste de Poggi no es solo una estadística macroeconómica, es una realidad que se siente en cada mesa puntana donde el dinero ya no alcanza para llegar a fin de mes. Mientras el gobierno provincial exhibe sus planillas con orgullo técnico, los trabajadores públicos denuncian que ese superávit tiene un costo humano inaceptable: el hambre de sus familias y el estancamiento de una provincia que se achica al ritmo de sus sueldos.