La Villa de Merlo se encuentra en un limbo legal que pone en duda la legitimidad de toda la gestión municipal. El intendente Juan Álvarez Pinto, quien dejó su despacho para asumir como Ministro de Turismo y Cultura de la provincia, se encuentra en una situación irregular: su licencia venció hace más de un mes, no fue renovada y, aun así, sigue ocupando el cargo provincial sin regresar a su municipio.
El escándalo no es solo administrativo, sino profundamente político. La pregunta que circula en los pasillos institucionales es clara: ¿Cómo es posible que un funcionario mantenga dos cargos de tal magnitud con los papeles vencidos? La respuesta parece estar en el estrecho vínculo con la gestión de Claudio Poggi. En San Luis, da la sensación de que si uno es amigo de la actual gestión, todo está permitido, incluso saltarse las leyes básicas de los municipios.
Esta situación de privilegio genera una acefalía encubierta en Merlo, donde un intendente interino ocupa el sillón de mando sin un respaldo legal vigente. Esto trae consecuencias gravísimas para la ciudad:
- Decisiones en peligro: Cualquier decreto, contrato o pago que firme el interino podría ser declarado nulo, ya que legalmente el titular debería haber regresado a su puesto hace semanas.
- Doble cargo y privilegios: Mientras a cualquier ciudadano se le exige cumplir la ley a rajatabla, aquí se permite que un ministro retenga su cargo de intendente de manera irregular, solo por su cercanía al poder central.
- Merlo a la deriva: Una de las principales ciudades turísticas de la provincia no tiene una autoridad con firma legítima para gestionar los problemas reales de los vecinos, mientras su intendente original se dedica a la gestión ministerial.
Mientras Álvarez Pinto ejerce funciones provinciales con la tranquilidad de quien se sabe protegido por el poder, los merlinos quedan en medio de una inseguridad jurídica sin precedentes. No se trata solo de un trámite; se trata de respetar la autonomía de Merlo y las leyes que rigen a todos por igual.
La desidia institucional que muestra este «doble cargo» irregular es un ejemplo más de una gestión que parece creer que las normas son solo para los de afuera, mientras que para los amigos del poder, el cumplimiento de la ley es opcional.