En una provincia donde el bolsillo del trabajador no deja de perder contra la inflación y los barrios se han convertido en zonas de riesgo, la gestión de los recursos públicos por parte del gobierno de Claudio Poggi ha desatado una ola de críticas. El eje del conflicto es claro: prioridades invertidas. Mientras se destinan millones a figuras mediáticas nacionales, el personal estatal y los comerciantes locales enfrentan una realidad de pobreza e inseguridad.
Pauta millonaria vs. Salarios de hambre El contraste es obsceno. El gobierno provincial no ha dudado en desembolsar sumas que superan los $10 millones de pesos para auspiciar charlas de periodistas como Luis Majul o contratar figuras como Marley para promociones de fin de año. Sin embargo, al momento de discutir paritarias o recomposiciones salariales, el discurso oficial se cierra en la «austeridad».
Hoy, San Luis reclama sueldos dignos. Docentes, policías y personal de salud denuncian que sus ingresos han quedado relegados, mientras observan cómo la pauta oficial se maneja como una «caja negra». A diferencia de Córdoba, que transparenta cada peso invertido en medios y redes, la administración de Poggi oculta los destinatarios y los montos de su pauta publicitaria, incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública.
La pregunta de la ciudadanía es inevitable: ¿Por qué hay fondos para financiar el «espectáculo» de figuras nacionales, pero no para garantizar un salario que cubra la canasta básica o para poner más móviles en las calles?
La discrecionalidad en el manejo del dinero de los contribuyentes no solo es una falta de transparencia, es una bofetada a quienes trabajan día a día en una provincia que hoy tiene sus prioridades totalmente trastocadas.