Bajo el pretexto de una supuesta «ineficiencia» y «estructuras sobredimensionadas», el Gobierno nacional decretó la intervención de siete organismos cruciales para la investigación, el desarrollo productivo y la regulación agroindustrial: INTA, INTI, INASE, INV, INPI, ARICCAME y el INAFCI. Entre ellos, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), pilar en la asistencia técnica, desarrollo y certificación de la industria argentina. Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo y la sospecha de que el verdadero objetivo es el control político y, especialmente, la venta de vastas extensiones de tierras públicas.
El caso del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) es el más emblemático y preocupante. Con la intervención, se elimina su Consejo Directivo y el organismo pierde su autonomía, pasando a ser controlado directamente por la Secretaría de Agricultura. Esta reestructuración no solo apunta a un control político y técnico sin precedentes, sino también a la transferencia de sus cuantiosos recursos y bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El trasfondo de esta intervención parece ser, en gran medida, de índole inmobiliaria. El propio Gobierno deslizó públicamente su intención de “poner a disposición” de la AABE unas 70.000 hectáreas pertenecientes al INTA para futuras subastas. El argumento es que estos terrenos «no están plenamente utilizados», una afirmación que es fuertemente cuestionada por expertos y trabajadores del sector.
Esta avanzada sobre el patrimonio del INTA implica que el organismo pierde el manejo sobre los terrenos que ocupa, muchos de ellos ubicados en zonas estratégicas y de alto valor inmobiliario en todo el país.
La intervención de estos entes se inscribe en un plan más amplio de desguace institucional impulsado por el Gobierno. Varios de los organismos intervenidos eran considerados funcionales y estratégicos para el desarrollo nacional, en particular para el apoyo a las economías regionales.
La falta de respaldo social y económico para estas medidas, sumado a la abierta intención de vender tierras públicas, refuerza la sospecha de que el objetivo final no es una supuesta «eficiencia» sino, por el contrario, abrir paso a intereses privados sobre el patrimonio estatal y la transferencia de bienes públicos a manos particulares. La medida ya genera alerta entre productores, científicos y trabajadores del sector agroindustrial, quienes ven amenazado el futuro de la investigación y el desarrollo nacional.
Fuente: Tiempo Argentino