Mientras diversos sectores de la sociedad puntana, incluidos jubilados, docentes, pacientes oncológicos y personas con discapacidad, enfrentan un ajuste brutal, el Gobierno de San Luis ha anunciado una nueva línea de créditos «productivos» por $750 millones. Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre la distribución de los recursos provinciales.
La controversia surge al constatar que, si bien plata hay, esta no parece estar disponible para cubrir necesidades básicas y urgentes de la población. Se señala la ausencia de fondos para salarios dignos, medicamentos esenciales, calefacción en las escuelas o una atención médica básica y de calidad.
Desde esta perspectiva, la política económica actual del gobierno provincial es clara: los beneficios se concentran en unos pocos, mientras los sectores más vulnerables y golpeados por la crisis no reciben ni una respuesta, ni una ayuda, ni un plan real que alivie su situación.
Este enfoque ha sido descrito como un «modelo Poggi», caracterizado por «ajustar abajo y financiar arriba», priorizando el financiamiento a empresarios mientras persisten las dificultades para la mayoría de los ciudadanos de San Luis.