En un contexto de creciente tensión política a nivel nacional, donde el Senado de la Nación desafió al Poder Ejecutivo aprobando un aumento del 7,2% para jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, la postura del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se consolida en la vereda opuesta, generando una fuerte crítica en la provincia. El mandatario provincial, lejos de acompañar las medidas que buscan aliviar la difícil situación de los sectores más vulnerables, ha optado por alinearse con el gobierno nacional, negándose a respaldar estas iniciativas.
Mientras el Congreso debatía y finalmente aprobaba soluciones para millones de argentinos, el gobernador Poggi se sumó al grupo de mandatarios ex macristas, con el claro objetivo de congraciarse con el presidente Javier Milei. Esta estrategia lo llevó a prometer no apoyar dos de las iniciativas clave que presentó la oposición, lo que ha sido interpretado como un abandono de los intereses de los jubilados y las personas con discapacidad de San Luis.
El argumento esgrimido por Poggi y sus aliados es el conocido «costo fiscal» de estas medidas, estimado en un 2,5% del PBI, que, según sus declaraciones, sería «un bombazo» para las cuentas públicas. Sin embargo, esta justificación choca con la cruda realidad que viven las familias de personas con discapacidad en San Luis, quienes denuncian recortes brutales en las prestaciones, demoras en la atención y un abandono estatal preocupante.
En este delicado escenario, la gestión provincial ha sido duramente cuestionada. La reciente noticia del ministro provincial de vacaciones en Dubái, seguido de su cínica admisión de que “no hay presupuesto” para asistir a quienes más lo necesitan a su regreso, ha sido una postal brutal de la desconexión del gobierno puntano con las urgencias de su propia gente. Una postura que contrasta directamente con la negativa a declarar la emergencia en discapacidad a nivel local.
Alineamiento Político y Riesgos de Cara a Octubre
La decisión de Poggi no solo se basa en una cuestión presupuestaria, sino que responde a una clara apuesta política. Sin una fuerza legislativa nacional propia significativa —apenas cuenta con la banca de Karina Bachey—, el gobernador busca sumar «porotos» para acercarse a Milei y evitar el aislamiento político que sufrió en los primeros meses de su mandato.
No es la primera vez que Poggi actúa de esta manera. En su rol de diputado, ya había votado en contra de aumentos jubilatorios y, según se le critica, nunca logró gestionar beneficios concretos para San Luis. Ahora, como gobernador, reedita este papel con un riesgo aún mayor: la posibilidad de que, en las elecciones de octubre, el «poggismo» logre ingresar diputados que, lejos de representar los intereses de la provincia, se conviertan en «simples levantamanos del ajuste» a nivel nacional, dejando a San Luis muda y sin voz en el Congreso.
Mientras el gobierno nacional amenaza con vetar y judicializar las leyes aprobadas por el Senado, la provincia de San Luis observa cómo su propio gobernador se alinea con una postura que, para muchos, contradice las necesidades más urgentes de sus ciudadanos. La tensión política se intensificará, y la provincia puntana se encuentra en una encrucijada crucial de cara a su futuro.