El presidente del bloque opositor, Federico Berardo, subrayó que la medida va en contra de la Constitución Provincial y criticó la falta absoluta de información del oficialismo. Destacó que las obras en el recinto son de poca magnitud y se podrían completar sin problemas en menos de una semana. Crecen las sospechas de que se busca limitar el debate parlamentario en un momento político sensible de cara a las elecciones del 11 de mayo.
La decisión del presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, Alberto Leyes, de suspender por tiempo indeterminado las actividades legislativas en la Cámara Baja, bajo el argumento de realizar refacciones en el recinto, ha desatado una fuerte polémica. La medida, formalizada mediante la resolución 05-PCD-2025, fue cuestionada por el presidente del bloque Frente Unidad Justicialista, Federico Berardo, quien advirtió sobre posibles acciones legales debido a la falta absoluta de información y a que es una decisión que va en contra de la Constitución Provincial.
Berardo, en declaraciones a medios locales, criticó el secretismo que exhibe el oficialismo y la ausencia de información clara sobre la duración de la suspensión, que se produce a menos de un mes del inicio del período legislativo y en vísperas de las elecciones provinciales del 11 de mayo.
Según el legislador, la resolución no especifica plazos para las obras, y el único antecedente es un decreto publicado en el Boletín Oficial que detalla una contratación directa para una obra iniciada en octubre de 2024, con un plazo de 120 días. Esto genera incertidumbre sobre si la Cámara permanecerá inactiva durante cuatro meses, un escenario que Berardo espera no se concrete.
El diputado justicialista destacó que las obras en el recinto son de poca magnitud, y estimó que podrían completarse sin mayores problemas en menos de una semana.
Los trabajos se vinculan a problemas de humedad y son mínimos en el sector del recinto donde sesionan los diputados. Además, comenzaron tarde y con preparativos mínimos, lo que refuerza las sospechas de que la suspensión responde más a motivos políticos que a necesidades reales. “Parece mucho más una excusa para no sesionar que otra cosa”, afirmó.
La preocupación del bloque opositor se intensifica ante la falta de respuestas por parte de Leyes, quien no contestó las consultas realizadas a través de un grupo de WhatsApp de los titulares de bloque.
Berardo también advirtió que la suspensión de las actividades legislativas incurre en una posible violación constitucional. Según el Artículo 117 de la Constitución Provincial, ninguna Cámara puede dejar de funcionar por más de tres días hábiles sin el consentimiento de la otra, lo que podría derivar en acciones legales.
La opacidad de la medida junto con la cercanía de las elecciones del 11 de mayo alimentan las sospechas de que el oficialismo busca evitar el debate parlamentario en un momento políticamente sensible.
Berardo enfatizó que “se está volviendo todo demasiado sospechoso” y que la falta de voces oficiales que desmientan estas inquietudes agrava la situación.