En una declaración insólita, el Intendente de San Luis dijo que las inspecciones solo se realizan a las unidades que se “acercaron” a la Comuna y se encuentran “habilitadas”. Es decir, la política de fiscalización de los alimentos solo depende de la voluntad de los comerciantes.
Con defensas así quien necesita de acusadores. La frase puede adjudicársele al intendente de San Luis, Gastón Hissa, quien en relación al escándalo suscitado por las intoxicaciones masivas del PANE reconoció que en su gestión no se realizan controles a todos los móviles que transportan alimentos y que las inspecciones recaen solo en los móviles que se “acercaron” a la Comuna y que están “habilitados”.
“Los que concurren al Municipio obtienen al habilitación provisoria, esos son lo que van a la Intendencia. Las unidades de traslado debe ser controladas cuando están habilitadas”, dijo en declaraciones a medios locales.
Según se desprende de las palabras de Hissa, esto implica que las inspecciones bromatológicas en la capital puntana dependen de la voluntad de los proveedores o transportistas, y no de las políticas y medidas que emanan de la Comuna.
Además, deslindó responsabilidades en el Gobierno por las intoxicaciones alimentarias. “Bromatología no tiene competencia ni incidencia dentro de las escuelas públicas, desconocemos si se mantuvo la cadena de frío”, señaló.