El texto habla sobre la comisión de delitos contra la salud pública y refleja como el Ejecutivo desconoció múltiples advertencias sobre las deficiencias del programa alimentario, y los casos reiterados de intoxicación que provocó. “Ignoró a madres y padres, haciendo del PANE un antojo lleno de soberbia y falencias evitables”, señalan.
Sigue la indignación y el estupor generalizados por la intoxicación masiva de alumnos debido a las deficiencias del PANE. Se conocieron detalles de la denuncia penal presentada por legisladores y concejales justicialistas contra Claudio Poggi para que se investigue la responsabilidad del Gobernador y otros funcionarios en el suministro de alimentos en mal estado en escuelas. El texto precisa todas las instancias en las que se avisó sobre la precariedad del programa, y el peligro que eso ha implicado para los chicos, e indica que el Ejecutivo actuó con impericia y malicia. Además, se advierte que se estaría frente al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La denuncia refleja claramente todo el historial de intoxicaciones que se han sucedido desde que el gobierno puntano lanzó el PANE, cuyo objetivo declarado es la “complementación alimentaria” para alumnos de 4 a 19 años de edad. Se indica que ya desde el año pasado tutores y docentes habían advertido en varias ocasiones por el pésimo estado de las viandas, con olores nauseabundos y episodios reiterados de intoxicación, que se sucedieron en varios establecimientos educativos de la provincia.
Destacan que esta advertencia procedente de las escuelas además fue reforzada de modo institucional, ya que legisladores y concejales del PJ plantearon el problema mediante pedidos de informes, que sin embargo nunca fueron respondidos. “A grandes rasgos, las iniciativas apuntaban a la necesidad de controles bromatológicos y el cumplimiento de todas las medidas de salubridad para garantizar el bienestar de chicas y chicos de la Provincia”, refleja el texto y se recuerda que la Cámara de Diputados fue testigo de “intensos debates” a raíz de los casos por comida en mal estado.
“Diferentes reclamos se suscitaron, tanto por parte de padres, alumnos, docentes y legisladores, que fueron absolutamente ignorados por las autoridades, evidenciándose un accionar consciente del estado provincial en perjuicio de los alumnos y alumnas, docentes y personal de las instituciones educativas de la provincia”, destaca el texto.
La denuncia es clara y recalca la exclusiva responsabilidad que tiene el estado para establecer los mecanismos de control eficientes a la hora de la implementación y ejecución del Plan PANE, “situación que no existe en la realidad”.
“En definitiva, los planteos, ponen al descubierto la impericia y la malicia del gobierno provincial, que aún frente a decenas de denuncias y cuestionamientos, caprichosamente ignoró a madres y padres, haciendo del PANE un antojo lleno de soberbia y falencias evitables”, agregan.
Los legisladores y concejales del PJ advierten que ante las graves acciones descritas se estaría en un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público y que se habrían verificado “delitos contra la salud pública”.
Recordaron que las normas penales prescriben, en el Artículo 202, hasta quince años de prisión para “el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” y sanciones económicas, como lo expresa el Articulo 203.