El regreso del sistema de monitoreo electrónico tras dos años de ausencia no es un logro, sino la prueba de un vacío previo. Mientras el Ministerio de Seguridad celebra convenios, las calles siguen siendo zona liberada.
La reciente puesta en escena del Ministerio de Seguridad para anunciar la vuelta de las tobilleras GPS en San Luis ha encendido más alarmas que soluciones. Lo que el Gobierno intenta presentar como un salto tecnológico es, en realidad, el reconocimiento de una negligencia que duró dos años y una preocupante confusión de conceptos: monitorear a un delincuente procesado no es lo mismo que prevenir un delito.
Resulta difícil digerir como un avance la firma de un convenio que simplemente devuelve a San Luis a la normalidad que el resto del país nunca perdió. Durante 24 meses, la provincia fue un agujero negro en el sistema de vigilancia electrónica nacional. La ministra Nancy Sosa celebra hoy lo que ayer fue un abandono deliberado de las herramientas de control, sin explicar quién se hace responsable por ese tiempo de desprotección.
Una herramienta que llega tarde por definición
El eje de la crítica es técnico y social: la tobillera no previene. Es un dispositivo reactivo.
- Se coloca cuando hay una orden judicial.
- Se activa cuando el delincuente ya tiene un prontuario o una causa abierta.
- No evita que el vecino del Barrio 400 Sur sea asaltado ni que los estudiantes vivan con miedo en zonas sin luz.
Presentar 60 tobilleras como la gran respuesta a la inseguridad es, cuanto menos, una subestimación a la inteligencia del ciudadano. Mientras el presupuesto se va en tecnología para controlar arrestos domiciliarios, el patrullaje real en los barrios brilla por su ausencia.
La seguridad se hace en la calle, no en el monitor
La gestión de Claudio Poggi parece haber caído en la trampa del marketing de seguridad. Es más fácil sacarse una foto con un dispositivo electrónico que garantizar que un móvil policial pase por una cuadra a oscuras.
«La tobillera cuida que el preso no salga de su casa, pero ¿quién cuida al trabajador que sale de la suya a las seis de la mañana?», es la pregunta que resuena en cada barriada puntana.
Con este anuncio, el Ministerio de Seguridad confirma su rumbo: un enfoque centrado en la burocracia del post-delito. Entre renuncias en el gabinete y conflictos salariales en el Plan de Inclusión, el Gobierno apuesta a las tobilleras para intentar «tapar» una realidad que los desborda.
San Luis no necesita más monitores para ver cómo el delincuente cumple su pena; necesita un Ministerio que evite que el vecino se convierta en víctima.