LA MESA INTERSINDICAL CONVOCÓ A UNA MOVILIZACIÓN PARA EL 31 DE JULIO A LAS 17HS. ES POR LA FALTA DE ANUNCIOS SALARIALES Y EXIGIR LA LEY PROVINCIAL DE PARITARIAS.
La tensión social en la provincia de San Luis se intensifica. La mesa intersindical que agrupa a los gremios estatales ha convocado a una masiva movilización para el próximo 31 de julio a las 17 horas. El motivo es contundente: la falta de respuestas salariales por parte del gobierno provincial y la urgente necesidad de una ley de paritarias que garantice negociaciones justas para los trabajadores.
Fernando Gatica, Secretario General de ATE, expresó la profunda desilusión y enojo que impera entre los empleados públicos. «Esta convocatoria nace de la falta total de respuestas a los reclamos de los trabajadores del Estado», afirmó Gatica. La situación es crítica, con salarios que pierden poder adquisitivo a una velocidad alarmante frente a la inflación.
Gatica señaló que el actual gobernador está al tanto de las demandas de los estatales, habiendo sido funcionario y gobernador en gestiones previas. Sin embargo, marcó una clara diferencia: «La gran diferencia que tiene este gobierno con el gobierno anterior es que ni siquiera atienden lo urgente.» Esta afirmación subraya la percepción de una inacción gubernamental frente a la crisis económica que atraviesan los trabajadores.
El dirigente sindical hizo hincapié en la capacidad del gobierno anterior, para abordar la cuestión salarial. «En el gobierno de Rodríguez Saá podíamos solucionar el tema salarial porque no perdíamos ante la inflación como está pasando ahora», sostuvo Gatica, contrastando directamente la situación actual con la de años anteriores.
Para los sindicatos, el gobierno provincial enfrenta ahora un doble desafío: «El gobierno actual va a tener dos problemas, solucionar lo urgente que es la pérdida del salario y lo importante que es una ley de paritarias». Esta declaración resume la estrategia de los gremios: no solo buscan una recomposición salarial inmediata, sino también una herramienta legal que les permita negociar condiciones laborales de manera equitativa y predecible en el futuro.
La movilización del 31 de julio se perfila como un punto clave en el conflicto entre el gobierno de San Luis y sus empleados públicos, marcando un antes y un después en la demanda por condiciones laborales dignas y un marco legal que las respalde.