En un momento de profunda crisis económica y social, donde miles de argentinos luchan por llegar a fin de mes con salarios devaluados y la pobreza se agrava día a día, el gobierno nacional ha cerrado un polémico acuerdo con Dinamarca para la adquisición de bombas y misiles, sumando un gasto que supera los 950 millones de dólares.
La decisión, impulsada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, quien viajó a Dinamarca para concretar la compra y actualizaciones de software y sistemas de «guerra electrónica» para los cazas F-16, genera una ola de indignación. Mientras el Ejecutivo argumenta la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas, la sociedad se pregunta: ¿son estas las prioridades de un país donde la gente se «muere de hambre» y los salarios son «pobres»?
La puesta en funcionamiento del sistema de armas F-16 demandará un «buen caudal de dólares», con el gobierno anticipando más desembolsos para equipamiento estadounidense. Simultáneamente, el titular de Defensa firmó un Memorándum de Entendimiento con su par danés, Troels Lund Poulsen, buscando consolidar la cooperación en materia de Defensa.
En concreto, la República Argentina sumará a su arsenal misiles, bombas y bengalas a partir de una compra a la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad (DSCA) norteamericana, que asciende a una cifra cercana a los 950 millones de dólares.
Esta inversión millonaria en armamento contrasta crudamente con la falta de respuestas concretas y efectivas para la urgente situación social y económica que atraviesa el país. ¿Cómo se justifica un gasto de tal magnitud en instrumentos bélicos cuando la salud, la educación y los alimentos básicos se vuelven lujos inalcanzables para una gran parte de la población? La ciudadanía exige explicaciones claras sobre esta aparente desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades más apremiantes de un pueblo que clama por soluciones.