La medida fue radicada en la Unidad de Abordaje Fiscal por tres diputados provinciales y es contra Federico Trombotto, Eugenia Gallardo, Guillermo Araujo y Ricardo Bazla, entre otros funcionarios. Piden investigar a fondo para saber si existe una asociación ilícita, y si hay encubrimiento u omisión por parte de la Secretaría de Estado PANE. Además, solicitan realizar allanamientos, inspecciones, pericias contables y declaraciones testimoniales.
Tres diputados provinciales, Silvia Sosa Araujo, Sonia Delarco y Federico Berardo, presentaron una denuncia penal que abarca a altos funcionarios del Gobierno de San Luis por presuntos actos de corrupción e irregularidades en la implementación del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE). La grave acusación, fundamentada en investigaciones periodísticas, señala una gestión “irregular y fraudulenta” del programa, masivas intoxicaciones de alumnos por viandas en mal estado, incluyendo un caso grave de salmonella.
“Incompatibilidad flagrante” y “mecanismos opacos”
La denuncia, radicada en la Unidad de Abordaje Fiscal, apunta al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el director de Valor Agregado, César Oliva; el director de Fiscalización y Control, Víctor Daniel Boiero; la secretaria de Estado del PANE, Eugenia Gallardo; el ministro de Educación, Guillermo Araujo; y el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla. También incluye a otros posibles implicados que surjan en la investigación.
Los legisladores denuncian una “incompatibilidad flagrante” en la gestión del PANE, con mecanismos opacos que eluden controles administrativos, contables, jurídicos y bromatológicos. Se destaca que el programa opera a través de Sol Puntano SAPEM, una sociedad anónima estatal que facilitaría la falta de transparencia.
Además, se señala que Trombotto estaría vinculado a un local gastronómico en la ciudad de San Luis (ubicado en Esteban Adaro y San Juan) que provee viandas escolares, mientras su ministerio gestiona los contratos de proveedores, lo que lo coloca en una posición de conflicto de intereses. El programa alimentario tiene un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos.
El petitorio de la denuncia penal solicita investigar una posible asociación ilícita, encubrimiento u omisión de denuncia por parte de la Secretaría de Estado PANE, y realizar allanamientos, inspecciones, pericias contables y declaraciones testimoniales. También se pide la adopción de medidas cautelares de suspensión en el cargo de los funcionarios denunciados mientras dure la investigación para garantizar de esta manera su transparencia.
Advertencias que no fueron escuchadas
Sosa Araujo, Delarco y Berardo recordaron que desde abril de 2024 han recibido denuncias de padres de alumnos por comida en mal estado, un problema que se agravó este año con intoxicaciones masivas ocurridas en escuelas de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes.
Delarco criticó el silencio de Eugenia Gallardo, actual responsable del PANE y candidata a diputada provincial en la próximas elecciones del 11 de mayo, quien “se mantiene callada” pese a la enorme gravedad de la crisis y su obligación de informar como funcionaria pública.