¿Tanto le importa la Justicia al Gobernador que no ha presentado ningún pliego para reeemplazar al jefe de los fiscales?, preguntó Silvia Sosa Araujo en la última sesión en Diputados, en la que presentó un proyecto para condenar el hostigamiento constante del Ejecutivo a este poder del estado. Señaló que la Justicia cumple con las normas, y dijo que en realidad hoy no existen políticas claras de seguridad.
Una de las características más notables de la gestión de Claudio Poggi ha sido el ataque constante que ejerce sobre el Poder Judicial, con la excusa de que adolece de una supuesta ineficacia que conspira contra la celeridad de sus actuaciones. Sin embargo, y como ocurre en todos los aspectos de este Gobierno, la avanzada contra este poder del estado tiene más que nada un espíritu revanchista que poco o nada se vincula con un combate real contra la criminalidad. Señalan que el caso del exProcurador General de la Provincia, Luis Martínez, es un ejemplo de esta tendencia, ya que hasta ahora no se ha hecho ninguna acción para reemplazarlo.
En la última sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora justicialista Silvia Sosa Araujo presentó un proyecto en el que expresó la preocupación que tiene el bloque del PJ por la intromisión y persecución constante que ejerce el Ejecutivo puntano sobre el Poder Judicial, y puso especial énfasis en el caso de Martínez.
“Es tan profunda la persecución que hace el Gobernador hace quince meses contra los trabajadores judiciales que hostigó de forma constante al Procurador de la Provincia, quien tuvo que presentar su renuncia hace más de dos meses. ¿Tanto le importa la Justicia al Gobernador que no ha presentado ningún pliego para reemplazar al jefe de los fiscales?”, preguntó.
Sosa Araujo subrayó que hay problemas de fondo en la Justicia, y que existe una clara asimetría en relación a los fondos y el plantel de trabajadores que posee en relación a otros poderes del estado.
“La Justicia con todos los cargos llega a 1.440, eso es lo que sale en el Presupuesto que fue enviado a esta Legislatura; mientras que son 35 mil los puestos de trabajo de la administración publica provincial”, comparó. Además, señaló que se debe atender la infraestructura edilicia que requiere la Justicia, y recordó que el último censo determinó que debe haber más juzgados civiles, de familia y laborales.
La diputada provincial por el Departamento Pueyrredón advirtió que la reforma judicial que impulsa Poggi viola la constitución. “La Justicia cumple con las normas, pero evidentemente no hay políticas claras en materia de seguridad. No hay política clara en torno al narcotráfico. Que no se le eche la culpa a la Justicia”, afirmó.