Escándalo en la Justicia de San Luis: Denuncian que una Orden del Gobierno Impone Elecciones a «Mano Alzada» para Favorecer a la Cúpula Cuestionada
Un fuerte escándalo sacude al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis (la asociación que agrupa a jueces y fiscales). Críticos y jueces denuncian que una oficina del Gobierno Provincial está interviniendo de manera irregular para forzar unas elecciones a medida, facilitando la continuidad de un grupo con serios cuestionamientos por el manejo de dinero.
La Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), un organismo gubernamental, convocó a una asamblea para la renovación de autoridades con dos puntos que desataron la polémica y la furia de una parte de la Justicia:
- La Fecha: La elección se fijó para un día no laborable (feriado con fines turísticos).
- El Método de Voto: Se ordenó que la elección sea a «mano alzada» (voto público) en lugar de utilizar el tradicional voto secreto.
El uso del voto a «mano alzada» ha sido el principal blanco de las críticas, ya que, en un ambiente como el judicial, impide la libertad de expresión y presiona a los asociados a votar de forma pública por miedo a represalias.
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM), el máximo organismo nacional, emitió un Comunicado expresando su «preocupación» y denunciando que realizar la elección en un día inhábil y con el sistema de mano alzada «no es un modo adecuado para tutelar los intereses puestos en juego». La FAM instó a que se garantice el voto secreto, considerado el sistema más confiable en democracia.
Según los denunciantes, el apuro y la falta de transparencia en el voto tienen un objetivo claro: garantizar la continuidad de la línea que responde a Hugo Saá Petrino, el exlíder de la asociación.
Saá Petrino había renunciado a su cargo como camarista en medio de un escándalo por el supuesto «manejo irregular de las millonarias cuentas de la entidad».
La crítica central es que la lista que busca el control es una continuación de esa gestión cuestionada. La continuidad de Saá Petrino estaría asegurada con la postulación de figuras clave de su cúpula:
- Fernando Spagnuolo (Tesorero en la gestión anterior).
- Valeria Benavides (Vicepresidente Segunda en la gestión anterior).
Esta maniobra es vista como «otra mentira» para mantener el poder y evitar que se investigue a fondo el manejo de los fondos del Colegio.
Miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados han tomado una acción legal directa para frenar lo que consideran un avasallamiento del poder ejecutivo sobre una institución judicial.
Han presentado un Recurso de Revocatoria (una apelación formal) ante la DPJ. En el documento, piden que se revoque la decisión de la DPJ, que se cancele la asamblea del día inhábil y, lo más importante, que se ordene una nueva elección con la garantía fundamental del voto secreto.