El testimonio de un cosechador ante la Justicia ha encendido las alarmas en la provincia de San Luis, revelando una escandalosa falta de control en la cosecha de maíz realizada en la estancia El Caburé. La información sugiere que el Estado provincial podría haber perdido millones de pesos, sin que se sepa quién se benefició o si el cereal fue robado.
El cosechador declaró que nadie supervisó la cantidad de maíz que se retiraba del campo. Para aumentar las sospechas, el medidor de cosecha de la máquina se rompió justo a tiempo, registrando solo unas 200 hectáreas. Esto significa que se desconoce la cantidad real de maíz cosechado y su destino final.
El testigo afirmó que él mismo elaboraba los remitos para llevar el cereal a campos alquilados en la zona, sin que existiera un control oficial. Además, señaló que la casilla policial en el lugar nunca tuvo presencia de agentes, dando «vía libre» a la operación.
El escándalo apunta directamente a las oficinas del Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, y de la Secretaría de Ética, a cargo de Bazla. La información indica que ambos funcionarios, quienes tenían la responsabilidad de controlar la cosecha de un predio ya judicializado, incumplieron su deber.
- Contradicciones y Poca Calidad: El rendimiento obtenido por el cosechador fue cuestionado, ya que por el monto cobrado la producción debió ser mayor. La justificación de que la cosecha fue de «escasa calidad» también es dudosa, ya que el cosechador había recorrido el campo previamente.
- Órdenes sin Control: Se cuestiona la orden de cosechar dada por Endeiza sin implementar los debidos mecanismos de control.
- Intentos de Eludir Responsabilidad: Se expone que Bazla habría intentado evadir su responsabilidad, y que tanto él como Endeiza, por responder al Gobernador, deben explicar si el mandatario estaba al tanto de la situación.
La falta de supervisión total y las contradicciones abren la posibilidad de investigar delitos como hurto calificado, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento. Además, la desidia podría llevar al Estado a enfrentar un juicio multimillonario.