Una escena digna de la más alta «ingeniería institucional» se desarrolló en el Gobierno: el presidente Javier Milei, obedeciendo la «molesta» orden del Congreso que rechazó su veto, promulgó formalmente las Leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Discapacidad.
Pero, ¡no se alarme! En un acto de coherencia fiscal suprema, el Ejecutivo inmediatamente emitió decretos para suspender su aplicación, dejando claro que la existencia de una ley y su cumplimiento son, para esta gestión, conceptos totalmente independientes.
Mientras las universidades sigan operando con presupuesto de 2023 (un detalle sin importancia), el Hospital Garrahan ruega por fondos de emergencia y las prestaciones de discapacidad penden de un hilo, el Gobierno se lava las manos. El argumento es de una lógica aplastante: la culpa es del Congreso por aprobar leyes sin detallar «de dónde sacará la plata» (como si eso no fuera parte de la discusión presupuestaria general).
- Universidades y Salud: Se preparan para ir a la Justicia con amparos, buscando que un juez les recuerde al Ejecutivo que las leyes se aplican, no se archivan después de promulgadas.
- Reacción en el Congreso: La «disrupción» institucional fue tan notable que ahora algunos legisladores no solo exigen la aplicación inmediata, sino que analizan presentar una moción de censura contra el Jefe de Gabinete. Aparentemente, ser el brazo ejecutor de la suspensión de leyes de emergencia puede tener consecuencias.
Constitucionalistas de todo el espectro ya han levantado la ceja, tildando el movimiento de «violación de la división de poderes». Pero en el fondo, la pregunta clave es: ¿Si el presidente no está obligado a aplicar las leyes que no le gustan, para qué sirve, entonces, que el Congreso las sancione?
La capacidad del Ejecutivo de «respetar» las decisiones democráticas y las necesidades de los sectores más vulnerables ha quedado, una vez más, maravillosamente suspendida.