Tutores de la escuela “Luisa Fantini de Cortés Aparicio” rechazaron la versión extraoficial del Gobierno que vincula malestares padecidos por los estudiantes con un supuesto consumo de drogas. Difundieron los resultados negativos que les hicieron a los menores. Exigen una investigación transparente y critican el silencio del Ejecutivo tras la emergencia sanitaria ocurrida esta semana.
Un grupo de madres de la escuela secundaria “Luisa Fantini de Cortés Aparicio” de la localidad de Buena Esperanza salió al cruce de una versión extraoficial promovida desde sectores cercanos al gobierno provincial, que sugiere que los malestares sufridos por decenas de estudiantes esta semana podrían estar relacionados con el consumo de “sustancias” en el establecimiento. Las familias calificaron la hipótesis como “falsa” y “estigmatizante”, acusando al Ejecutivo puntano de dejar correr rumores para encubrir la falta de respuestas sobre la emergencia sanitaria.
El episodio ocurrió el miércoles, cuando varios alumnos manifestaron síntomas graves durante la jornada escolar, incluyendo dolores abdominales, dificultades para respirar, crisis de llanto y angustia. Los afectados fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Inicialmente, se barajaron posibles causas de este episodio como la ingesta de alimentos contaminados del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) o un escape de gas en el colegio.
Sin embargo, la falta de información oficial dio lugar a rumores que apuntaron al consumo de drogas, incluso ansiolíticos, entre los estudiantes. En una entrevista radial concedida este viernes, la coordinadora del PANE reveló que el Gobierno solicitó autorización a los padres para realizar análisis de sangre y orina a los menores, alimentando la hipótesis del estado puntano del consumo de sustancias.
Esta postura indignó a las familias, que denunciaron en un comunicado que algunos chicos fueron sometidos a estudios médicos sin el consentimiento de sus tutores. “Están ensuciando a nuestros hijos con información falsa que el propio Gobierno dejó correr”, expresaron.
“Lo que más nos duele es el silencio de las autoridades. No hubo una sola explicación concreta sobre lo que pasó, pero sí dejaron que se instale una versión muy grave”, agregaron las madres, quienes exigieron una investigación transparente para esclarecer los hechos. También cuestionaron la ausencia de certificados que acrediten controles recientes del sistema de gas o la potabilidad del agua en el establecimiento.
La desesperación de los padres ante la falta de respuestas derivó en una protesta el jueves, cuando decenas de familiares se congregaron frente a la escuela a primera hora de la mañana exigiendo explicaciones de las autoridades. Aunque lograron ingresar al edificio, la directora se negó a recibirlos. Los tutores criticaron la inacción del Ministerio de Educación y la falta de un informe oficial que detalle las causas del incidente.
Insensibilidad del Gobierno
En un giro que profundizó la tensión, este viernes el Gobierno de San Luis, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una denuncia penal contra los padres que irrumpieron en la escuela, acusándolos de “alterar el orden institucional de manera violenta” y generar “extrema tensión y daño” a la institución.
