Mónica Becerra, señalada por usar su cargo ministerial para favorecer a su personal, minimiza un escándalo que dejó a miles de discapacitados sin cobertura. ¿La corrupción es solo una «Operación Política»?
En el universo paralelo de La Libertad Avanza (LLA) en San Luis, la corrupción parece ser una simple invención de sus adversarios. La candidata Mónica Becerra salió al cruce del gravísimo escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con una frase que busca desactivar la crisis: «Lo de la ANDIS es una operación política».
Pero el intento de minimizar la falta de pensiones y la presunta corrupción que afecta a los más vulnerables en el país choca brutalmente con la propia historia de la candidata. La defensa de Becerra suena a burla, especialmente cuando se recuerda que ella misma fue señalada por utilizar su poder en el ministerio para designar a su empleada personal.
Mientras Becerra insinúa que los recortes a la discapacidad son un montaje, el foco se pone sobre su propio pasado y las denuncias que pesan sobre ella. La misma persona que hoy despacha un escándalo nacional como un simple juego político, habría utilizado recursos del Estado para beneficiar a su círculo íntimo, en un caso que huele a nepotismo y abuso de la función pública.
El sarcasmo es inevitable: la candidata tiene el cinismo de descartar una crisis institucional que afecta a miles de personas vulnerables, mientras ella misma enfrentó señalamientos por hechos que, en cualquier país serio, serían inadmisibles. ¿La «Operación Política» es solo cuando la denuncian a ella?
La candidata de LLA intenta convencer a los votantes de San Luis de que los miles de personas con discapacidad que han visto peligrar sus prestaciones y tratamientos son solo peones en un drama político.
No solo se niega a reconocer la gravedad de la corrupción en ANDIS, sino que lo hace una persona que, según las denuncias, ya demostró una dudosa ética en el manejo de cargos públicos.
El electorado puntano debe ponderar la lógica de esta candidata: Si para Mónica Becerra el nombramiento de su empleada es un acto legítimo, y el colapso de las pensiones de discapacidad es una «operación», ¿cuál es su vara para medir la decencia en el Estado?
La única operación que aquí existe es la de intentar engañar a la ciudadanía: usar la bandera de la «honestidad» mientras se minimizan los escándalos y se arrastran denuncias propias de dudoso manejo de la función pública.
la genera la ineficiencia y la indiferencia de quienes están en el poder.