El escándalo conocido como «El Caburé» ha escalado a proporciones de crisis institucional en San Luis, poniendo bajo la lupa a la cúpula del gobierno de Claudio Poggi. La revelación clave vino de Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética Pública, quien rompió el silencio y solicitó a la Justicia que perite su celular, alegando poseer la prueba directa de que actuó bajo órdenes superiores en el turbio operativo de «recuperación» de una cosecha millonaria.
El foco del escándalo es la misteriosa desaparición de una cosecha de 2.000 hectáreas de maíz, con un valor estimado de más de 2 millones de dólares. La expropiación del campo dejó la cosecha en manos del Gobierno, y fue allí donde particulares hicieron la denuncia por la sustracción de los granos. Lo que parecía un simple operativo de recuperación y expropiación, ahora se investiga como un posible hurto calificado, abuso de autoridad y peculado, con la cosecha de maíz como principal prueba desaparecida.
Oviedo Helfenberger apunta directamente contra dos figuras de peso:
- Víctor Endeiza: Exfiscal de Estado y actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia.
- Ricardo Bazla: Secretario de Ética Pública y Control de Gestión.
El exfuncionario asegura que los mensajes en su teléfono demostrarán que las acciones en «El Caburé» fueron ejecutadas bajo «órdenes directas» de ambos, exponiendo una presunta coordinación institucional detrás de la sustracción del maíz. Además, Oviedo denunció públicamente que su línea telefónica está siendo intervenida y que información digital clave ha desaparecido.
No obstante, la respuesta del oficialismo en la Legislatura ha sido de silencio atronador y blindaje político para el principal señalado: Ricardo Bazla. El bloque poggista rechazó el tratamiento sobre tablas del pedido de interpelación impulsado por el diputado justicialista Federico Berardo, postergando cualquier posibilidad de que el Secretario de Ética Pública dé explicaciones. La acción de los diputados oficialistas fue vista por la oposición como un intento de proteger a Bazla y de evitar que el escándalo toque a otros funcionarios.
La situación se complejiza ante el hermetismo total del Gobierno provincial. Ni Bazla ni Endeiza han emitido declaraciones públicas, manteniendo un perfil bajo en medio de las acusaciones más graves del año.
El caso, que se inició por la denuncia de particulares y que debería haber sido un ejemplo de transparencia, amenaza con destapar uno de los mayores robos institucionales de la provincia, dejando en evidencia las grietas en la promesa de «ética y control» del nuevo gobierno de Poggi.