El anuncio del Gobierno de San Luis sobre un nuevo aumento salarial del 6% para la administración pública, a abonarse en julio y que eleva el acumulado anual a un 31%, ha encendido las alarmas y desatado una fuerte crítica entre los trabajadores y diversos sectores. Lejos de ser un logro, la medida es catalogada como una reacción tardía y un “ajuste maquillado” que no logra compensar la galopante pérdida del poder adquisitivo.
La aritmética de la economía provincial pinta un panorama desolador para los bolsillos de los empleados estatales. Mientras el Gobierno celebra un 31% de recomposición salarial en lo que va del año, las cifras oficiales de inflación revelan una cruda realidad:
- Inflación acumulada entre enero y junio de 2025: 15,1%
- Inflación interanual: 39,4%
Esto significa, en términos claros, que los salarios de los empleados públicos de San Luis continúan perdiendo significativamente frente a los precios, profundizando la brecha y el deterioro de su calidad de vida.
“Austeridad” con Cuentas Millonarias y Recursos Crecientes
El Ejecutivo provincial justificó el aumento argumentando un supuesto «esfuerzo fiscal» y una política de «austeridad». Sin embargo, esta narrativa choca de frente con la información disponible y los propios datos oficiales. No solo el Gobierno provincial cuenta con $190.000 millones ahorrados, sino que la recaudación de impuestos provinciales muestra un robusto crecimiento.
Un informe reciente de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) reveló que la recaudación por impuestos provinciales en el primer semestre de 2025 subió casi un 62% nominal. Descontando la inflación interanual en San Luis a junio, el aumento real de la recaudación provincial fue de un contundente 18,5%. Es crucial destacar que los impuestos provinciales, aunque componen el 20% de los recursos de la Provincia (el 80% restante proviene de la coparticipación), reflejan una capacidad financiera en expansión.
«Hablar de ‘esfuerzo fiscal’ mientras los sueldos estatales de San Luis se encuentran entre los más bajos del país y la provincia goza de una creciente recaudación, es cuanto menos cínico», sentencian voces críticas. La recomposición salarial anunciada no solo es insuficiente para el presente, sino que tampoco alcanza a recuperar la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los últimos años, un periodo marcado por un modelo de ajuste y recorte que ha precarizado las condiciones laborales.
En el ámbito educativo, la prórroga por tres meses del bono para compensar la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) también recibe severas objeciones. Si bien busca paliar una necesidad inmediata, la crítica es contundente:
- No es salario en blanco.
- No se incorpora al básico.
- No constituye una política educativa de fondo, sino un mero «parche» temporal que no garantiza estabilidad ni previsibilidad a los docentes.
En resumen, la sensación generalizada es que el 6% de aumento anunciado por el Gobierno de San Luis «no alcanza». Se percibe como una reacción forzada ante una crisis económica que el propio modelo de ajuste ha contribuido a generar, más que una medida genuina para mejorar la situación de los trabajadores. La existencia de fondos significativos en las arcas provinciales, sumada a la creciente recaudación por impuestos propios, refuerza la idea de que la falta de una recomposición salarial justa no reside en la escasez de recursos, sino en la «falta de voluntad política» para priorizar a sus empleados.