Lo que debería ser un espacio de integración y derecho para todos los puntanos se ha convertido en el escenario de un hecho vergonzoso que expone las falencias del Estado provincial. La Fundación Pappo Balague denunció públicamente un grave episodio de discriminación y maltrato ocurrido el pasado 17 de enero en la Villa Deportiva de San Luis, un predio que depende directamente del Gobierno Provincial.
El lucro por encima del derecho. Según el comunicado de la fundación, dos personas usuarias de silla de ruedas, que asistieron a las canchas de básquet junto a su kinesióloga como parte de su proceso de rehabilitación, fueron impedidas de ingresar de manera gratuita. La respuesta oficial de los responsables del lugar fue tajante: para usar el espacio público, debían pagar un alquiler.
Esta exigencia no solo ignoró la condición de vulnerabilidad y la finalidad terapéutica de la actividad, sino que negó el acceso a un predio que, por ser estatal, debería garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.
¿Quién controla la «inclusión» en San Luis? Desde la Fundación Pappo Balague fueron contundentes: no se trató de un simple error administrativo, sino de una vulneración concreta de derechos que afecta la dignidad y la igualdad. El hecho desnuda una contradicción profunda en el discurso oficial de inclusión que pregona el Gobierno de San Luis.
¿Cómo es posible que en un espacio del Estado se priorice el cobro de un canon por encima de la rehabilitación de personas con discapacidad? La falta de capacitación del personal y la ausencia de protocolos claros en la Villa Deportiva dejan una pregunta abierta para las autoridades de Deportes y de Seguridad de la provincia: ¿Para quiénes son realmente los espacios públicos en San Luis?
La fundación ha repudiado enérgicamente lo sucedido, exigiendo reparaciones y medidas concretas para que estos actos de maltrato no se repitan. «El acceso, el respeto y la dignidad no son privilegios, son derechos efectivos», sentenciaron. Mientras tanto, la sociedad espera una explicación de una gestión que, en la práctica, parece haber cerrado las puertas a quienes más necesitan del apoyo estatal.
