Lo que el Gobierno nacional presentó como un asesoramiento gratuito, la Justicia lo investiga hoy como un esquema de retornos millonarios. El rastro del dinero conecta directamente la Casa Rosada con el lanzamiento del Token que terminó en una estafa masiva.
La narrativa de la «austeridad» y el trabajo ad honorem ha sufrido un golpe demoledor. Documentos judiciales revelan que el polémico acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis no fue, como se afirmó, un acto de buena voluntad. Detrás de las firmas del pasado 29 de enero, se esconde una red de transferencias en criptomonedas que apunta a lo más alto del poder.
El «Manual» de la maniobra: Cómo se movió el dinero
La fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, ha logrado trazar una ruta financiera que parece diseñada para ocultar el origen de los fondos:
- El Envío: Davis habría transferido 1 millón de dólares desde sus billeteras virtuales.
- El «Testaferro»: El dinero no fue a una cuenta oficial, sino a un jubilado de 75 años. Esta táctica suele utilizarse para usar personas vulnerables como «pantalla» y dificultar el rastreo legal.
- La Cueva: El mismo día que Milei y Davis se reunían en Casa Rosada, ese dinero se liquidaba en una «cueva» cripto para convertirse en efectivo o ser derivado a terceros.
¿Por qué esto es grave?
La investigación sugiere que este millón de dólares pudo ser el pago de favores a lobbistas y exasesores presidenciales. Si el contrato era gratuito, ¿qué hacía un millón de dólares de Davis moviéndose en las sombras el mismo día de la firma?
Esta revelación es el preludio de una tragedia financiera: apenas dos semanas después de estos movimientos, se lanzó el Token $LIBRA. Bajo el amparo de la difusión presidencial, miles de personas invirtieron sus ahorros en un proyecto que terminó en un «Rug Pull» (una estafa donde los creadores retiran todo el dinero y desaparecen), dejando un agujero de 250 millones de dólares.
El Gobierno, entre la espada y la pared
Mientras desde el Ejecutivo intentan despegar al Presidente alegando que solo «difundió» el proyecto de buena fe, las fechas no mienten. Los giros de dinero y las firmas de contratos ocurrieron en una sincronía que la Justicia describe como «altamente sospechosa».