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Escándalo en Luján: El Intendente en la mira por el abandono de su hermana menor de edad

Mientras el jefe comunal de Luján hace gala de gestos de «austeridad», una denuncia pública de Susana Graciela Ojeda revela una realidad desgarradora: la hermana de 12 años del intendente vive en condiciones de extrema precariedad y enfermedad, víctima de un abandono económico que ya lleva trece años.

La localidad de Luján se encuentra conmocionada tras el testimonio de Susana Graciela Ojeda, quien decidió romper el silencio para exigir justicia por su hija. Según la denuncia, el padre de la menor es Osvaldo Cecilio Romero, padre del actual intendente de la localidad. Este vínculo convierte a la niña en hermana directa del mandatario municipal, lo que ha desatado un fuerte cuestionamiento ético sobre la falta de asistencia de la familia hacia una menor vulnerable.

Una justicia bajo sospecha y una salud en riesgo

La situación es crítica no solo por la falta de recursos, sino por el delicado estado de salud de la niña y las deficientes condiciones habitacionales en las que reside. Sin embargo, el reclamo de la madre choca contra un muro judicial. La denuncia apunta a presuntas irregularidades en el juzgado interviniente, donde se habrían registrado pérdidas de expedientes y dilaciones sistemáticas que, sospechosamente, favorecen al demandado vinculado al poder político.

A esta parálisis judicial se le suma un componente de violencia: Ojeda denunció públicamente haber sido víctima de hostigamiento y amenazas desde que decidió exponer el caso. El mensaje es claro: en Luján, reclamar alimentos para la hermana del intendente parece tener consecuencias peligrosas.

La contradicción del relato oficial

El caso pone en jaque la narrativa de la gestión municipal. Resulta inexplicable para los vecinos que, mientras el intendente destaca gestos de donación de haberes y austeridad en sus discursos, su propia sangre enfrente carencias alimentarias básicas. La sociedad reclama que los lazos de parentesco no sigan interfiriendo en la justicia y que se garanticen los derechos de la menor por encima de cualquier conveniencia política.

Fuente: La Dosis Puntana

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