En una jornada legislativa marcada por la creciente tensión política y un claro desafío a las políticas del gobierno nacional, el Senado de la Nación dio luz verde este jueves a tres proyectos de ley de significativa relevancia social. Con una recomposición del 7,2% para los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el año 2027, la oposición logró imponerse en una sesión que expuso las profundas diferencias en el Congreso, provocando una dura respuesta del Ejecutivo.
La sesión, impulsada por una autoconvocatoria de la oposición que el oficialismo tildó de inválida, transcurrió en un clima de fuertes debates que reflejaron la polarización actual. La votación para el aumento jubilatorio, en particular, se realizó a viva voz debido a un desperfecto en el sistema de votación digital, y fue aprobada por una contundente unanimidad de 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones, un claro mensaje desde la Cámara Alta.
Durante el desarrollo de la jornada, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se retiró del recinto, cediendo la conducción al presidente provisional, Bartolomé Abdala, quien optó por abstenerse para no convalidar la sesión. Posteriormente, la senadora neuquina Silvia Sapag asumió la presidencia, en un intento por mantener la legitimidad de la controvertida sesión.
La prórroga de la moratoria previsional obtuvo la aprobación con 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Esta medida se estima que beneficiará a alrededor de 220 mil personas que no alcanzan los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación, un alivio para muchos en un contexto de incertidumbre económica.
Finalmente, una vez restablecido el sistema de votación digital, se sancionó la ley que declara la emergencia para personas con discapacidad en todo el país. Este proyecto fue aprobado con una amplia mayoría de 56 votos afirmativos y ningún rechazo. La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, e introduce importantes reformas en las pensiones no contributivas, además de contemplar la actualización de aranceles y compensaciones económicas, entre otras medidas vitales para un sector particularmente vulnerable.
La Respuesta del Ejecutivo y la Amenaza de Batalla Judicial
Tras la votación en el Senado, el presidente Javier Milei fue tajante en su postura: “Vamos a vetar y si se cae el veto, vamos a judicializar”. Con este mensaje, el Ejecutivo abre la puerta a una batalla judicial sin precedentes si el Congreso insiste en convertir las leyes en firmes, incluso tras un veto presidencial.
Se trata de una disputa clave entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con un impacto directo en millones de jubilados y en la institucionalidad del país. Todo indica que la tensión política se intensificará en los próximos días, en un contexto económico, social e institucional muy delicado para la Argentina. La judicialización de leyes podría generar un escenario de incertidumbre y confrontación que afectaría aún más la estabilidad del país.