Bajo el lema de la «pesadilla de la casa propia», familias del loteo «27 Perlas» acusan a Gastón Argenio de vender terrenos con promesas de servicios que nunca llegaron. Hoy, el vendedor es el Intendente, pero las soluciones siguen ausentes.
La doble cara de la gestión y los negocios privados ha estallado en Fraga. Lo que debía ser un refugio frente a la inseguridad y un proyecto de vida para familias que invirtieron sus ahorros de años, se ha transformado en un laberinto de promesas rotas y precariedad sanitaria.
El eje del conflicto es Gastón Argenio, actual jefe comunal de Fraga. Antes de asumir el Ejecutivo, Argenio comercializó el loteo “27 Perlas”, presentándolo como un barrio privado con acceso garantizado a redes de electricidad y agua potable. Sin embargo, a cuatro años de las primeras ventas, los propietarios denuncian una «estafa» moral y material.
La respuesta de Argenio ante los reclamos es, cuanto menos, paradójica: viviendo a solo cinco cuadras del edificio municipal, el intendente alega que la zona no pertenece a la jurisdicción urbana, deslindándose de sus responsabilidades tanto como desarrollador privado como funcionario público.
La realidad en «27 Perlas» dista mucho de los renders de venta:
- Agua contaminada: El suministro llega a través de mangueras precarias, lo que ya ha provocado la contaminación de tanques domiciliarios.
- Colapso eléctrico: Varias familias deben compartir un solo medidor de luz. La inestabilidad de la tensión ya causó daños económicos, como la quema de termotanques y bombas periféricas.
- Riesgo sanitario: La falta de desmalezado y mantenimiento ha convertido al barrio en un foco de proliferación de alacranes, poniendo en peligro la salud de niños y adultos.
Para los afectados, como Nicolás —quien dejó su vida en Buenos Aires confiando en la palabra de Argenio—, el desgaste psicológico es agotador. El caso pone de relieve una preocupante falta de ética: el hombre encargado de velar por el orden y los servicios de todo un pueblo es el mismo que, en su faceta privada, somete a sus vecinos a la marginalidad habitacional.
Mientras el intendente mantiene su postura de «zona no urbanizada», las familias de «27 Perlas» exigen que se cumplan los contratos y se termine con lo que consideran una «avivada» que lucra con el sueño del hogar propio.