Mientras el Ejecutivo provincial intenta disfrazar de alivio un incremento del 10% en cómodas cuotas, el malestar social escala en San Luis. Con un retroceso del 80% en el poder adquisitivo y el polémico adelanto de sueldos que dejará a los trabajadores sin ingresos en marzo, la medida es vista como el golpe final a la economía de los puntanos en el inicio del ciclo lectivo.
El anuncio de Claudio Poggi ha sido recibido con indignación por los gremios y la administración pública. El incremento, dividido en dos tramos de 5% para febrero y 5% para marzo, representa una cifra insignificante frente a la realidad económica:
- Sueldos estatales: En el mejor de los casos, el aumento no llega a los $40.000.
- Plan de Inclusión: El refuerzo es paupérrimo, no alcanzando siquiera los $20.000.
Este ajuste se apoya en cifras del IPC y del Indec que hoy están bajo la lupa por sospechas de adulteración, ignorando que los salarios arrastran un retroceso estructural del 80% en los últimos tres años.
A la insuficiencia del monto se suma una maniobra financiera que ha encendido las alarmas: el adelantamiento del pago de sueldos al 20 de febrero. Lo que el Gobierno presenta como un gesto de auxilio, los trabajadores denuncian como una trampa:
- Vacío de ingresos: Al cobrar antes en febrero, marzo quedará totalmente descubierto.
- Ciclo lectivo en riesgo: Las familias deberán enfrentar el inicio de clases y la compra de útiles sin percibir haberes durante más de 40 días.
La reacción no se hizo esperar. Los docentes, principales afectados en lo que el oficialismo irónicamente llamó el «Año de la Educación», fueron los primeros en alzar la voz: «Nos matan de hambre, no se puede comprar ni una canasta escolar», expresaron con crudeza.
En las redes sociales, el reclamo se unificó entre la Policía, Salud y los beneficiarios del Plan de Inclusión. La percepción es generalizada: en tres años de gestión, se ha destruido el poder adquisitivo del sector público, reemplazando la estabilidad por un relato de austeridad que solo castiga al eslabón más débil.
La gestión de Poggi enfrenta hoy su crisis de credibilidad más aguda. El anuncio del 10% no solo es insuficiente; es una contradicción flagrante entre el discurso de «ordenamiento» y la realidad de miles de hogares puntanos que hoy caen bajo la línea de la indigencia. Lo que viene parece ser más ajuste, más relato y un deterioro salarial que el Gobierno no tiene voluntad de frenar.