En un acto de profunda sensibilidad social y, sobre todo, de pánico digital, la gestión de Claudio Poggi ha desempolvado el «Protocolo Bazla». ¿El objetivo? Salvar a los puntanos del traumático esfuerzo de ver a sus funcionarios veraneando en el exterior mientras el resto de la provincia cuenta monedas para el colectivo.
Bajo la estricta tutela del secretario de Ética, Ricardo Bazla, el Gobierno ha recordado a su gabinete que la austeridad no es algo que se deba practicar, sino algo que se debe aparentar. La directiva es clara: pueden disfrutar de la brisa del Caribe o de las luces de Europa, siempre y cuando no tengan la «osadía» de apretar el botón de «Compartir».
La lógica es casi poética: si un ministro toma un cóctel en una playa exclusiva y nadie le da like, ¿realmente ocurrió el ajuste?
A pesar de que el Gobernador y gran parte de su plana mayor han elegido destinos internacionales para este enero de 2026, el mayor miedo del Ejecutivo no es la inflación ni la recesión, sino un filtro de Instagram mal aplicado. Tras el fracaso de la versión 2025 —donde varios funcionarios confundieron «austeridad» con subir historias desde el mar—, la nueva orden busca blindar la percepción pública. No se trata de no viajar, faltaba más; se trata de que el pueblo, sumido en el freno de la obra pública, no se distraiga con detalles irrelevantes como la ubicación geográfica de sus líderes.
Al final del día, el mensaje para el ciudadano es esperanzador: el ajuste es para todos, pero las fotos de las vacaciones son solo para los «amigos cercanos». Porque en San Luis, la ética ya no se mide en actos, sino en la capacidad de mantener el teléfono en el bolsillo mientras se disfruta del primer mundo.