La gestión de Claudio Poggi optó por el mutismo total tras los allanamientos al funcionario Eric Emanuel Vieytes. Entre rifles secuestrados y denuncias por robo de ganado, la ministra Nancy Sosa guarda un silencio que aturde y profundiza la sospecha de impunidad.
En la administración pública, cuando no hay respuestas, el silencio se convierte en una confesión política. El caso de Eric Emanuel Vieytes, funcionario del Ministerio de Seguridad y colaborador directo de la ministra Nancy Sosa, ha dejado al descubierto una alarmante falta de transparencia en el manejo de las conductas de quienes deben velar por la ley.
La causa, que se tramita en la Justicia provincial tras la denuncia de un productor de El Volcán, no es un detalle menor. Cuatro allanamientos dejaron un saldo que parece sacado de una película de cuatreros:
- En la casa de Vieytes: Se secuestró un rifle de aire comprimido de alta potencia y material tecnológico.
- En otros domicilios: La policía incautó balanzas, máquinas de picar carne y gran cantidad de cortes y chorizos ya empaquetados, cuya procedencia es ahora objeto de investigación por abigeato.
Lo más grave es que Vieytes no es un desconocido: es el hijo del exjefe de la Policía, Pablo Vieytes, y responsable del Área de Prevención y Salud en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Un formador de policías bajo la lupa por robo de ganado.
A pesar de la gravedad institucional, el aparato mediático oficial y los organismos dependientes del Ejecutivo han montado una muralla de silencio. La ministra Nancy Sosa, rápida para otros anuncios, no ha emitido una sola palabra sobre la situación de su designado.
La sensación de injusticia en San Luis se agudiza. Mientras para el ciudadano común rige el peso de la ley, para el funcionario cercano al poder parece regir el beneficio del silencio y la protección oficial. La estrategia defensiva de «no hablar» solo confirma que, cuando las papas queman, la transparencia es la primera víctima del gobierno provincial.