Por orden del Ejecutivo, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra el legislador Darío Neira. El trasfondo es la judicialización de las voces que respaldan el pedido de recomposición de la Policía de San Luis.
En una medida que despertó una fuerte polémica institucional, el Gobierno de San Luis, decidió trasladar el conflicto salarial al ámbito penal. La Fiscalía de Estado formalizó una denuncia contra el diputado justicialista Darío Neira, basándose en sus publicaciones en redes sociales donde manifestaba apoyo a los reclamos de los trabajadores de la fuerza de seguridad provincial.
La decisión de judicializar a un legislador en ejercicio marca un cambio de tono drástico en la gestión provincial. Según trascendió, el Gobierno considera que el respaldo de Neira a las demandas policiales excede su rol, mientras que desde la oposición aseguran que se trata de un intento de «disciplinamiento político».
Neira ha sido uno de los legisladores más activos en visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos en San Luis, específicamente de los efectivos policiales que vienen solicitando una mejora urgente en sus haberes.